En Ecuador, los indígenas Shuar bloquean rutas para proteger sus territorios de caza. En Chile, los Mapuches ocupan fincas para presionar por la entrega de tierras, escuelas y clínicas. En Bolivia, la nueva constitución le otorga autonomía a las 36 etnias. En Brasil los indígenas amazónicos se desplazan a las grandes ciudades para reclamar por el medio ambiente y contra la construcción de represas. Por toda América Latina un despertar político empapa a indígenas acostumbrados a vivir como ciudadanos de segunda clase desde la época de la conquista española.
La rebelión política y social que experimentan los pueblos originarios de América Latina se explica en parte por una mejor educación y un mejor acceso a las comunicaciones, en la medida que Internet les ha permitido a líderes nativos, en regiones apartadas, compartir ideas y estrategias más allá de sus fronteras.
Este despertar responde también a una urgencia: Las naciones de América Latina se han embarcado en una búsqueda sin precedentes de recursos, desplazándose hacia territorios que los indígenas asumen como de propiedad ancestral, en tierras prístinas que consideran claves para su supervivencia.
"El movimiento indígena se ha levantado al ver que el gobierno no respeta nuestros territorios, nuestros recursos, nuestro Amazonas. Llegaremos hasta las últimas consecuencias", dijo Rómulo Acachu, presidente de los Shuar, flanqueado por sus guerreros con lanzas de madera y los rostros cubiertos con bélicos dibujos negros.
El mes pasado, los Shuar bloquearon con alambre de púas puentes de una ruta en el selvático sur de Ecuador y como protesta por una nueva ley que permitiría trabajos mineros en territorios indígenas sin previa consulta con las tribus, colocando además el agua de la zona bajo control del Estado.
El 30 de septiembre, un maestro fue muerto durante disturbios violentos con la policía antimotines.
"Si hay 10 muertos, que haya 10 muertos, si hay 1.000 muertos estarán bien muertos. De ser necesario, usaremos la fuerza para defender nuestra dignidad", dijo otro dirigente Shuar, Rafael Pandam.
Los Shuar ganaron. Al menos esta batalla.
Una semana después del fallecimiento, el gobierno accedió a reconsiderar la ley después de que el presidente Rafael Correa recibió a unos 100 líderes indígenas en el palacio de gobierno. Correa no necesita que nadie le recuerde que los pueblos originarios, un tercio del total de la población andina, se han convertido en un constituyente indispensable y que ayudaron a la caída de un gobierno ecuatoriano en el 2000.
Los indígenas son una décima parte de los 500 millones de habitantes de América Latina. En algunas partes de los Andes y Guatemala la proporción es mucho mayor.
Sin embargo, son más pobres y menos educados que la población en general. Cerca del 80% vive con menos de dos dólares al día, una tasa de pobreza que duplica la del resto de la población, de acuerdo con el Banco Mundial. Al menos el 40% carece de acceso a servicios de salud.
CUESTIÓN DE RECURSOS
Las amenazas a los territorios indígenas han crecido en los últimos años. Al reducirse las reservas mundiales de crudo y aumentar la demanda mundial de minerales y madera, los sectores petrolífero y minero se combinan con la industria maderera para abalanzarse sobre tierras tradicionales indígenas.
"Los indígenas han estado perdiendo progresivamente el control y la propiedad de los recursos naturales de las tierras y territorios que ocupan desde siempre. A veces las leyes les reconocen el título de las tierras, pero no les quieren reconocer la propiedad de los recursos que están en esas tierras", dice Rodolfo Stavenhagen, un prominente sociólogo mexicano que es relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los pueblos indígenas.
"Así que la situación no es muy alentadora, sino más bien lo contrario", agregó.
De ahí la revuelta en los Andes.
En Perú, al sur de las tierras Shuar, el gobierno dividió más del 70% de la región amazónica en campos de exploración petroleros y comenzó a entregar concesiones. Por temor de que sus territorios de caza y pesca sean contaminados, los indígenas comenzaron el año pasado a realizar bloqueos esporádicos de rutas y ríos.
El 5 de junio, la policía antimotines abrió fuego sobre los indígenas en un bloqueo vial a las afueras del poblado de Bagua, donde la selva llega al pie de las montañas andinas. Al menos 33 personas murieron, la mayoría de ellas agentes policiales. Los indios no se disculparon por su resistencia.
"Casi todo lo que tenemos viene de la selva", dijo uno de los manifestantes, un maestro de escuela de la tribu Awajun llamado Gabriel Apikai. "Las hojas, la madera y enredaderas que usamos para construir nuestras casas. El agua de los riachuelos. Los animales que comemos. Por eso es que estamos tan preocupados", agregó.
Mucho más al sur en la cadena montañosa más larga del mundo, la policía chilena está protegiendo ahora 34 ranchos y terrenos madereros que los indios Mapuche tienen como objetivo de ocupación y sabotaje.
Los Mapuche, que dominaron Chile antes de la conquista española, representan actualmente menos del 10% de la población y tienen un 5% de sus territorios, algunos de ellos entre los menos fértiles del país.
Activistas Mapuches que reclaman los títulos de más tierras y más acceso a la educación y los servicios de salud, se declararon este año en desobediencia civil. En agosto, la policía antidisturbios, que realizaba una evacuación, mató a un indígena y al menos otros ocho resultaron heridos.
"Si el gobierno y la clase política no escuchan nuestras demandas, la situación se va a tornar mucho más difícil que la que hay ahora", dijo el líder Mapuche José Santos Millao, quien también calificó de "cortina de humo" al Ministerio de Asuntos Indígenas que creó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el pasado 29 de septiembre.
ALTIPLANO AUTOSUFICIENTE
En ninguna otra parte es tan evidente el poder indígena como en este poblado de Bolivia, país que eligió a su primer presidente indígena, Evo Morales, en diciembre de 2005. Morales disolvió el Ministerio de Asuntos Indígenas y de Pueblos Originarios, al que tildó de racista en un país donde más de tres de cada cinco habitantes son aborígenes.
En febrero, los votantes aprobaron una constitución que crea un estado "plurinacional" y le concede un estatus de soberanía a los nativos de Bolivia. Ancestrales modelos de gobierno, justicia comunitaria e incluso tratamientos curativos son ahora legales, al mismo nivel que las leyes más modernas y la ciencia.
En la capital, La Paz, las "cholitas" -mujeres indígenas con sus tradicionales sombreros bombines y chales multicolores- son ahora presentadoras de televisión. Los concursos de belleza "Miss Cholita" están de moda y en los clubes nocturnos hay estrellas de hip-hop nativas.
En el palacio presidencial, Morales, un Aymara que cultivó coca y quien de niño pasó hambre, insiste en almorzar periódicamente con los guardias de bajo rango de la sede de gobierno.
Morales se está asegurando que las ganancias del gas natural y la extracción de minerales sean distribuidas equitativamente y que el agua, cuya privatización en la ciudad de Cochabamba provocó protestas en el 2000, nunca más sea puesta en manos privadas.
También lucha por hacer públicos los servicios de electricidad.
Morales fundó tres universidades indígenas, formalizó el sistema de cuotas para los indios en las filas militares y creó una escuela especial para indígenas que quieren ser diplomáticos. También promueve una campaña para demandar que todos los trabajadores públicos puedan hablar fluidamente al menos una lengua indígena.
"No hay forma de regresar al pasado", dijo Waskar Ari, un Aymara quien cambió su nombre a Juan en la década de 1970 para poder así ser aceptado en una escuela privada en La Paz. Hoy es profesor en la Universidad de Nebraska.
Ari relaciona el "renacimiento" de su país al final del "apartheid" o la segregación racial en Sudáfrica.
"Finalmente", dijo orgulloso, "Bolivia ya no es la Sudáfrica de América Latina".
Cinco siglos después
El fundamento legal para el movimiento de los indígenas en América Latina fue coronado cuando las Naciones Unidas en septiembre de 2007 aprobaron la Declaración de los Derechos de las Poblaciones Indígenas, que respalda el derecho de los pueblos nativos a sus propias instituciones y tierras ancestrales. La Declaración ha sido adoptada por la mayoría de los países de la región.
También ayudó a los indígenas a obtener algunas grandes victorias legales:
— En 2007, la Corte Suprema de Belice falló a favor de las comunidades Mayas que habían cuestionado el derecho del gobierno a dar en concesión tierras indias para la explotación maderera.
— Un fallo similar se produjo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nombre del pueblo Saramaka, en remotos parajes del bosque en Surinam, que respalda el concepto de que los grupos indígenas deben otorgar su consentimiento en casos de grandes proyectos de desarrollo.
— En diciembre de 2008, el gobierno de Nicaragua finalmente entregó títulos colectivos al pueblo Mayagna, cumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicando que las autoridades carecían del derecho de entregar en concesión tierras indígenas.
— Al mes siguiente, la Corte Constitucional de Colombia sentenció que un millón de indígenas estaban en peligro del "exterminio" cultural y físico y ordenó al gobierno protegerlos.
— En mayo, la Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó a los agricultores de arroz desalojar la reserva Raposa Serra Do Sol, una vasta reserva indígena de 1,7 millones de hectáreas habitada por 18.000 indígenas en los extremos del Amazonas.
A pesar de tales fallos judiciales, los indígenas siguen siendo ciudadanos de segunda clase.
Sólo un indígena ha sido elegido al Congreso de Brasil, donde la mayoría de las etnias ocupan vastas áreas del Amazonas, a pesar de ser apenas el 5% de la población.
En Guatemala, donde casi la mitad de la población es descendiente de los Mayas, ni un solo indígena ha llegado a una oficina pública nacional.
Las desventajas educacionales perpetúan esta iniquidad.
En Guatemala, tres de cada cuatro indios son analfabetos, según Naciones Unidas. En México, donde 6% de la población no sabe leer y escribir, la tasa de analfabetismo entre los indígenas adultos es del 22%. Incluso en Bolivia, sólo el 55% de los niños indígenas culminan estudios de primaria, comparado con el 81% de los otros niños.
Los esfuerzos para "descolonizar" son aún muy frágiles.
En el este de Bolivia, donde la ONU afirma que varios miles de indios Guaraníes, incluyendo niños, trabajan en grandes haciendas virtualmente como esclavos, Morales ha prometido la autonomía, pero la elite de la zona, los más duros oponentes de Morales, no lo permitirán sin presentar combate.
"El territorio indígena es una importantísima oportunidad para una ruptura del poder económico de sectores corporativos de poder", dijo en una entrevista Carlos Romero, ministro de Autonomías de Bolivia.
"Cuando a una planta le cortamos el tallo... (empieza) a retoñar", dijo Valentín Ticona, viceministro de Justicia, al resaltar que lo que hacían en su país era sacar "de raíz" lo dejado por los españoles.
Conseguir su autonomía debería ser menos problemático para los indígenas en las tierras altas del oeste del país, como esta localidad de Jesús de Machaca, debido en parte a que las tierras rinden muy poco.
Jesús de Machaca es una agreste localidad agrícola cercana al Lago Titicaca y cuya población esta conformada en un 96% de indios Aymará. Este poblado está entre los cuatro territorios montañosos de Bolivia que votará el 6 de diciembre para decidir si se declaran municipalidades autónomas. Bajo ese gobierno propio, los poblados legalizarían prácticas administrativas que datan de los tiempos del imperio Inca.
También ayudó a los indígenas a obtener algunas grandes victorias legales:
— En 2007, la Corte Suprema de Belice falló a favor de las comunidades Mayas que habían cuestionado el derecho del gobierno a dar en concesión tierras indias para la explotación maderera.
— Un fallo similar se produjo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nombre del pueblo Saramaka, en remotos parajes del bosque en Surinam, que respalda el concepto de que los grupos indígenas deben otorgar su consentimiento en casos de grandes proyectos de desarrollo.
— En diciembre de 2008, el gobierno de Nicaragua finalmente entregó títulos colectivos al pueblo Mayagna, cumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicando que las autoridades carecían del derecho de entregar en concesión tierras indígenas.
— Al mes siguiente, la Corte Constitucional de Colombia sentenció que un millón de indígenas estaban en peligro del "exterminio" cultural y físico y ordenó al gobierno protegerlos.
— En mayo, la Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó a los agricultores de arroz desalojar la reserva Raposa Serra Do Sol, una vasta reserva indígena de 1,7 millones de hectáreas habitada por 18.000 indígenas en los extremos del Amazonas.
A pesar de tales fallos judiciales, los indígenas siguen siendo ciudadanos de segunda clase.
Sólo un indígena ha sido elegido al Congreso de Brasil, donde la mayoría de las etnias ocupan vastas áreas del Amazonas, a pesar de ser apenas el 5% de la población.
En Guatemala, donde casi la mitad de la población es descendiente de los Mayas, ni un solo indígena ha llegado a una oficina pública nacional.
Las desventajas educacionales perpetúan esta iniquidad.
En Guatemala, tres de cada cuatro indios son analfabetos, según Naciones Unidas. En México, donde 6% de la población no sabe leer y escribir, la tasa de analfabetismo entre los indígenas adultos es del 22%. Incluso en Bolivia, sólo el 55% de los niños indígenas culminan estudios de primaria, comparado con el 81% de los otros niños.
Los esfuerzos para "descolonizar" son aún muy frágiles.
En el este de Bolivia, donde la ONU afirma que varios miles de indios Guaraníes, incluyendo niños, trabajan en grandes haciendas virtualmente como esclavos, Morales ha prometido la autonomía, pero la elite de la zona, los más duros oponentes de Morales, no lo permitirán sin presentar combate.
"El territorio indígena es una importantísima oportunidad para una ruptura del poder económico de sectores corporativos de poder", dijo en una entrevista Carlos Romero, ministro de Autonomías de Bolivia.
"Cuando a una planta le cortamos el tallo... (empieza) a retoñar", dijo Valentín Ticona, viceministro de Justicia, al resaltar que lo que hacían en su país era sacar "de raíz" lo dejado por los españoles.
Conseguir su autonomía debería ser menos problemático para los indígenas en las tierras altas del oeste del país, como esta localidad de Jesús de Machaca, debido en parte a que las tierras rinden muy poco.
Jesús de Machaca es una agreste localidad agrícola cercana al Lago Titicaca y cuya población esta conformada en un 96% de indios Aymará. Este poblado está entre los cuatro territorios montañosos de Bolivia que votará el 6 de diciembre para decidir si se declaran municipalidades autónomas. Bajo ese gobierno propio, los poblados legalizarían prácticas administrativas que datan de los tiempos del imperio Inca.
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